Dr. Luis Pacheco Romero-SOCIOLOGO (UNMSM)
Una de las cuestiones que está en debate en lo que concierne al uso del gas de Camisea se refieren a si este recurso natural se empleará primordialmente para el abastecimiento del mercado interno o para la exportación. El destino del gas exige una respuesta disyuntiva, a menos que se probara que la disponibilidad del recurso permite atender ambos propósitos al mismo tiempo. Dado que esto último no es aún seguro, es preferible analizar la situación considerando existencias de gas sólo para uno de los dos destinos.
Inevitablemente esto nos lleva a la pregunta de si lo que queremos como peruanos es contar con divisas (derivados de la venta en el mercado externo) o con un insumo de mucho valor para el desarrollo de la industria nacional.
Implícitamente esto nos debiera llevar a una cuestión de nivel más profundo: ¿queremos que nuestro país crezca con base en el comercio internacional (y es éste el motor de las actividades productivas) o en la expansión de la industria nacional (y es ésta, junto con otras actividades importantes, el motor del conjunto de la economía? Discusiones similares a ésta se dieron en el siglo XIX, cuando países europeos como Alemania en el último tercio de ese siglo vieron la necesidad de defender sus intereses nacionales y, en ese sentido, de proteger a la industria infante frente a una economía que se les había adelantado tal como la británica. Fue así que Alemania –con la política bismarckiana- avanzó sustantivamente logrando éxitos en la industria electrotécnica y química empleando el acero y el hierro.
Nuestro país ¿busca el desarrollo industrial? ¿O permanece en la actividad extractiva de agricultura y minería? ¿O crecerá basándose en las dos opciones? Pero ¿cómo contestamos a esa interrogante? Sin duda, necesitamos emplear criterios, basarnos en prioridades. Pero criterios y prioridades son elegidos en función de objetivos, y estos objetivos conciernen al país entero. Son objetivos nacionales. ¿Se ha hecho en el país una consulta y un debate en el país sobre los objetivos nacionales, sobre las prioridades? Toca a la población nacional manifestarse sobre sus prioridades para enfrentar sus necesidades y para encarar los desafíos de los tiempos.
El mundo actual significa tanto oportunidades como retos. Nuestro país cuenta con potencialidades (los recursos naturales, entre otros, el gas uno de ellos) y con aspectos que necesitamos reforzar. El contexto externo está marcado por un proceso de mundialización que puede caracterizarse como una globalización con régimen económico primordialmente liberal. Esto nos obliga a plantear una estrategia nacional de cara a los procesos globales, tanto económicos como políticos. Los objetivos nacionales, la estrategia global, constituyen un esfuerzo de racionalización de la vida de la comunidad nacional. ¿Se ha estado haciendo esto en los últimos años? Si es así, ¿qué papel juega el desarrollo de la industria? Si esto estuviera respondido, ¿cuántas reservas de gas necesitaríamos para ese fin? La pregunta sobre las alternativas con respecto al empleo del gas no puede ser planteada ni contestada de manera aislada. El empleo de los recursos, de los insumos, debe ser analizado con una visión sistémica. Hacerlo de otro modo nos lleva a un camino de ineficiencia. Ningún país debe darse el lujo de no hacer lo posible por optimizar el uso de sus recursos. De lo contrario no mejoraremos en nuestro niveles de productividad y competitividad. Si no mejoramos esos niveles perdemos posiciones de competitividad respecto de otras naciones. Aún si mejoramos podemos perder posiciones, cuando otras naciones logran desempeños aún mejores que los nuestros. Las posiciones son relativas.
La discusión sobre las reservas de gas natural en Camisea, descubiertas en 1983, hoy en día puede tener un carácter jurídico (las cláusulas del contrato, la conveniencia de su renegociación o no), un carácter de administración pública (las negociaciones estuvieron bien o mal realizadas), un carácter microeconómico (los precios vendidos a boca de pozo, o de comercialización, de US$ 80.00 por tonelada de combustible o el precio del balón de gas de 10 kilos para el consumo de las familias y un ingreso para las empresas comercializadoras de US$ 4’800,000 cada 30 días), un carácter de ingeniería (producción a cargo de Pluspetrol Peru Corporation de 35 mil barriles diarios de GLP, la comercialización y reparto de Repsol YPF en La Pampilla, y de Zeta Gas), un carácter ecológico, un carácter social (impacto en la comunidad local por los Lotes 88 y 56), un carácter macroeconómico (los ingresos por venta y sus efectos en la balanza comercial, los ingresos tributarios y su repercusión en las cuentas fiscales). Sintéticamente, el gas permitiría abaratar la energía, generar industria y ser rubro de exportación. Pero, al lado y por encima de todo ello, hay un asunto que juzgamos de orden relativamente superior, que es el ámbito de la política de desarrollo. Este es el marco, que preside el tratamiento de las otras cuestiones. Existen interrelaciones funcionales entre estos distintos aspectos. Así, cada una de estas perspectivas es un medio o premisa de otra. Pero todas ellos son tributarios del enfoque de desarrollo que se elija para hacer avanzar a la población en un camino de progreso integral (económico, político, social y ambiental) o no. Los distintos aspectos están vinculados a la política de desarrollo de largo plazo.
El problema sustantivo es que esta política (de desarrollo integral) no está explícita. No la tenemos.
En ausencia de ella, lo que se ha venido materializando es el reforzamiento de la relación entre Estado y mercado (mercado en el sentido de empresas, entre las cuales la gran empresa, en este caso la empresa transnacional, prevalece), con un Estado que no asume papel conductor en las cuestiones de desarrollo y en ocasiones no parece animarse a jugar con determinación su papel de regulación (la actuación del Organismo de Supervisión de la Inversión en Energía y Minería, OSINERGMIN, en el desabastecimiento temporal del GLP que se dio en Lima a principios de julio es ilustrativa, a pesar de estar vigente el Reglamento de Comercialización de Hidrocarburos, según D.S. 01-01-EM, de asegurar reservas por 15 días, norma que no se cumplió). Lo que prevaleció, expresado en el precio alto que se observó en los días de la crisis de abastecimiento, fue la sujeción a las leyes de la oferta y la demanda, prescritas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos (artículo 77°).
El martes 6 de julio el Ministro del Sector dio a conocer la posibilidad de renegociar el contrato de exportación de gas natural.
Un criterio que debe fundamentar las decisiones en éste y otros aspectos en el empleo del recurso natural que comentamos es la seguridad energética del país. Las vacilaciones del poder político, las marchas y contramarchas en 1988, 1996 y 2004 sin guiarse por este principio, nos lleva a recordar que esas dudas, y es hoy aún el caso, se toman en un contexto de implementación en los últimos lustros de un proyecto de modernización conservadora: para el caso que analizamos, un crecimiento económico que no se orienta con inclusión social y consideración de objetivos nacionales, un crecimiento sin desarrollo. Es modernización, sí, ciertamente, pero no una transformación productiva encaminada al desarrollo integral. El siglo XXI, con todos los escenarios que se puede proyectar a partir de los cambios políticos y tecnológicos que ya comienza objetivamente a observarse, requiere que cada país se modernice pero la reflexión seria concluye que ello sin duda deba darse en base a un fortalecimiento de la economía interna y de la cohesión social, y no hay mejor camino para uno y otro que un progreso económico con equidad social y sostenibilidad ambiental. En esto consiste el interés nacional, lo que la población mayoritaria necesita prioritariamente. Nos queda a los científicos sociales identificar la mejor manera de cómo lograrlo. Estudiemos otras experiencias nacionales y extraigamos lecciones a partir de los intentos que se han venido llevando a cabo en la región sudamericana. Es de rigor hacerlo, si queremos atender adecuadamente las necesidades materiales y espirituales que la población de nuestro país considera esenciales.
Lima, 11 de julio de 2010
Una de las cuestiones que está en debate en lo que concierne al uso del gas de Camisea se refieren a si este recurso natural se empleará primordialmente para el abastecimiento del mercado interno o para la exportación. El destino del gas exige una respuesta disyuntiva, a menos que se probara que la disponibilidad del recurso permite atender ambos propósitos al mismo tiempo. Dado que esto último no es aún seguro, es preferible analizar la situación considerando existencias de gas sólo para uno de los dos destinos.
Inevitablemente esto nos lleva a la pregunta de si lo que queremos como peruanos es contar con divisas (derivados de la venta en el mercado externo) o con un insumo de mucho valor para el desarrollo de la industria nacional.
Implícitamente esto nos debiera llevar a una cuestión de nivel más profundo: ¿queremos que nuestro país crezca con base en el comercio internacional (y es éste el motor de las actividades productivas) o en la expansión de la industria nacional (y es ésta, junto con otras actividades importantes, el motor del conjunto de la economía? Discusiones similares a ésta se dieron en el siglo XIX, cuando países europeos como Alemania en el último tercio de ese siglo vieron la necesidad de defender sus intereses nacionales y, en ese sentido, de proteger a la industria infante frente a una economía que se les había adelantado tal como la británica. Fue así que Alemania –con la política bismarckiana- avanzó sustantivamente logrando éxitos en la industria electrotécnica y química empleando el acero y el hierro.
Nuestro país ¿busca el desarrollo industrial? ¿O permanece en la actividad extractiva de agricultura y minería? ¿O crecerá basándose en las dos opciones? Pero ¿cómo contestamos a esa interrogante? Sin duda, necesitamos emplear criterios, basarnos en prioridades. Pero criterios y prioridades son elegidos en función de objetivos, y estos objetivos conciernen al país entero. Son objetivos nacionales. ¿Se ha hecho en el país una consulta y un debate en el país sobre los objetivos nacionales, sobre las prioridades? Toca a la población nacional manifestarse sobre sus prioridades para enfrentar sus necesidades y para encarar los desafíos de los tiempos.
El mundo actual significa tanto oportunidades como retos. Nuestro país cuenta con potencialidades (los recursos naturales, entre otros, el gas uno de ellos) y con aspectos que necesitamos reforzar. El contexto externo está marcado por un proceso de mundialización que puede caracterizarse como una globalización con régimen económico primordialmente liberal. Esto nos obliga a plantear una estrategia nacional de cara a los procesos globales, tanto económicos como políticos. Los objetivos nacionales, la estrategia global, constituyen un esfuerzo de racionalización de la vida de la comunidad nacional. ¿Se ha estado haciendo esto en los últimos años? Si es así, ¿qué papel juega el desarrollo de la industria? Si esto estuviera respondido, ¿cuántas reservas de gas necesitaríamos para ese fin? La pregunta sobre las alternativas con respecto al empleo del gas no puede ser planteada ni contestada de manera aislada. El empleo de los recursos, de los insumos, debe ser analizado con una visión sistémica. Hacerlo de otro modo nos lleva a un camino de ineficiencia. Ningún país debe darse el lujo de no hacer lo posible por optimizar el uso de sus recursos. De lo contrario no mejoraremos en nuestro niveles de productividad y competitividad. Si no mejoramos esos niveles perdemos posiciones de competitividad respecto de otras naciones. Aún si mejoramos podemos perder posiciones, cuando otras naciones logran desempeños aún mejores que los nuestros. Las posiciones son relativas.
La discusión sobre las reservas de gas natural en Camisea, descubiertas en 1983, hoy en día puede tener un carácter jurídico (las cláusulas del contrato, la conveniencia de su renegociación o no), un carácter de administración pública (las negociaciones estuvieron bien o mal realizadas), un carácter microeconómico (los precios vendidos a boca de pozo, o de comercialización, de US$ 80.00 por tonelada de combustible o el precio del balón de gas de 10 kilos para el consumo de las familias y un ingreso para las empresas comercializadoras de US$ 4’800,000 cada 30 días), un carácter de ingeniería (producción a cargo de Pluspetrol Peru Corporation de 35 mil barriles diarios de GLP, la comercialización y reparto de Repsol YPF en La Pampilla, y de Zeta Gas), un carácter ecológico, un carácter social (impacto en la comunidad local por los Lotes 88 y 56), un carácter macroeconómico (los ingresos por venta y sus efectos en la balanza comercial, los ingresos tributarios y su repercusión en las cuentas fiscales). Sintéticamente, el gas permitiría abaratar la energía, generar industria y ser rubro de exportación. Pero, al lado y por encima de todo ello, hay un asunto que juzgamos de orden relativamente superior, que es el ámbito de la política de desarrollo. Este es el marco, que preside el tratamiento de las otras cuestiones. Existen interrelaciones funcionales entre estos distintos aspectos. Así, cada una de estas perspectivas es un medio o premisa de otra. Pero todas ellos son tributarios del enfoque de desarrollo que se elija para hacer avanzar a la población en un camino de progreso integral (económico, político, social y ambiental) o no. Los distintos aspectos están vinculados a la política de desarrollo de largo plazo.
El problema sustantivo es que esta política (de desarrollo integral) no está explícita. No la tenemos.
En ausencia de ella, lo que se ha venido materializando es el reforzamiento de la relación entre Estado y mercado (mercado en el sentido de empresas, entre las cuales la gran empresa, en este caso la empresa transnacional, prevalece), con un Estado que no asume papel conductor en las cuestiones de desarrollo y en ocasiones no parece animarse a jugar con determinación su papel de regulación (la actuación del Organismo de Supervisión de la Inversión en Energía y Minería, OSINERGMIN, en el desabastecimiento temporal del GLP que se dio en Lima a principios de julio es ilustrativa, a pesar de estar vigente el Reglamento de Comercialización de Hidrocarburos, según D.S. 01-01-EM, de asegurar reservas por 15 días, norma que no se cumplió). Lo que prevaleció, expresado en el precio alto que se observó en los días de la crisis de abastecimiento, fue la sujeción a las leyes de la oferta y la demanda, prescritas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos (artículo 77°).
El martes 6 de julio el Ministro del Sector dio a conocer la posibilidad de renegociar el contrato de exportación de gas natural.
Un criterio que debe fundamentar las decisiones en éste y otros aspectos en el empleo del recurso natural que comentamos es la seguridad energética del país. Las vacilaciones del poder político, las marchas y contramarchas en 1988, 1996 y 2004 sin guiarse por este principio, nos lleva a recordar que esas dudas, y es hoy aún el caso, se toman en un contexto de implementación en los últimos lustros de un proyecto de modernización conservadora: para el caso que analizamos, un crecimiento económico que no se orienta con inclusión social y consideración de objetivos nacionales, un crecimiento sin desarrollo. Es modernización, sí, ciertamente, pero no una transformación productiva encaminada al desarrollo integral. El siglo XXI, con todos los escenarios que se puede proyectar a partir de los cambios políticos y tecnológicos que ya comienza objetivamente a observarse, requiere que cada país se modernice pero la reflexión seria concluye que ello sin duda deba darse en base a un fortalecimiento de la economía interna y de la cohesión social, y no hay mejor camino para uno y otro que un progreso económico con equidad social y sostenibilidad ambiental. En esto consiste el interés nacional, lo que la población mayoritaria necesita prioritariamente. Nos queda a los científicos sociales identificar la mejor manera de cómo lograrlo. Estudiemos otras experiencias nacionales y extraigamos lecciones a partir de los intentos que se han venido llevando a cabo en la región sudamericana. Es de rigor hacerlo, si queremos atender adecuadamente las necesidades materiales y espirituales que la población de nuestro país considera esenciales.
Lima, 11 de julio de 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario